pese a ello Nueva York flota apenas y los pagos por los servicios públicos se incrementan hasta en 10 veces la inflación norteamericana entre 1990 y 1995.”
Es lamentable que éstas y otras informaciones y estudios de profesionales e investigadores no sean consideradas por el Gobierno – representado en este caso por los miembros designados de un Comité Ejecutivo de la Reforma Urbana- al momento de tomar decisiones sobre políticas territoriales y, sobre la expansión urbana de Santiago.
Las buenas intenciones del Gobierno de darnos “una adecuada legislación para unir el impulso creativo de la empresa privada con el bien común que la autoridad esta obligada a proteger, lográndose un desarrollo urbano sano, ordenado y eficiente” tiene signos de verdad aparente, de bien común aparente.
Tercer fundamento: “Los límites urbanos son los culpables del alza de costo de los terrenos urbanos, se deben eliminar para bajar su valor, beneficiando el mercado inmobiliario y dar respuesta a la vivienda social”.
” En un 22,5 % aumentó el valor del metro cuadrado de terreno en el Gran Santiago respecto del primer trimestre del 2003 (promedio de las 34 comunas)…”, es lo que nos informa la prensa recientemente en artículo “Aumenta valor del suelo en el Gran Santiago, El Mercurio, 28.05.04, cuerpo B, pg. B12.
La ampliación de los límites urbanos producto de la Política Nacional de Desarrollo Urbano de 1979, D. S. Minvu N°420, durante el régimen militar, determinó que el suelo urbano de 45 mil há. de Santiago en 1978 subiera a 105 mil há. (Lo que modificó el PRMS/94 dejándolas en 60 mil há.). ¿Qué ocurrió? Los valores del suelo urbano subieron. Cito un extracto de un ensayo de Pablo Trivelli Oyarzun (11) de 1991, Autoritarismo Político y Liberalismo Urbano, el caso de Santiago de Chile durante el régimen militar: “Con estas medidas se pretendió dar cauce a un desarrollo natural de las ciudades, siendo la referencia de lo natural los dictámenes del mercado. Se esperaba, además, que un aumento de la oferta (potencial del suelo legalmente definido como urbano) provocaría una disminución de los precios de la tierra, lo que a su vez posibilitaría una solución automática del déficit habitacional que se venía acumulando debido a la negligencia del gobierno en esta materia. En un contexto de bonanza económica, crédito barato y un tratamiento tributario excepcionalmente favorable, los precios de los terrenos no solamente no bajaron, sino que, por el contrario, se produjo una violenta alza en los valores de suelo y una acción especulativa de grandes proporciones”.
“Santiaguinos Desmemoriados” tituló su premonitorio y notable artículo de opinión Ramón Delpiano, en ese entonces Director del Colegio de Arquitectos, publicado en El Mercurio el 21.01.2000. Cito un párrafo: “. Las CROT (Comisiones de Ordenamiento Territorial) han terminado influidas por la plusvalía de negocios de envergadura – formidable “cocaína territorial”- que se harán más rentables mientras más los consienta la autoridad. Muchos tememos que el próximo gobierno topará con nuevas presiones, que alegando, por ejemplo, menos costos para los sin casa o activar la construcción deprimida, continuarán hipotecando la salud de las generaciones venideras”.
En su artículo R. Delpiano argumentaba con cifras la falsedad de la tesis de la baja de valor del suelo urbano incorporando suelo rural al desarrollo urbano.
Han existido más argumentos de presión como es el de la igualdad de derechos de la propiedad ¿Por qué Colina, Lampa y Til-Til y no Calera de Tango, Lonquén, Pirque, etc?
Entonces, según las experiencias ya vividas, los resultados ya evaluados de esta tesis podemos concluir que: Prometer lo que no se puede cumplir es antiético, además de desmemoriado.
(…)
Parafraseando lo que Manuel Cruzat I. nos decía el 2001: si no queremos que en 100 años más nuestros tataranietos se hagan la misma pregunta con que parte este artículo, debemos actuar prontamente y con gran decisión. Los países latinoamericanos deben avanzar en poseer una ley marco regulador general del territorio nacional, poseer una Política Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable y Sostenible, que en materias de planificación sectoriales, como es la planificación urbana, sea sistémica con las políticas nacionales de otros ministerios o áreas del desarrollo, es una materia urgente y un imperativo ético de Estado, los Gobiernos de turno deben priorizar la urgente necesidad de este proyecto para sea debatido con urgencia en los parlamentos, y así lo han hecho naciones que hoy gozan internamente de mayor equidad, justicia social y prestigio por sus democracias, cómo por ejemplo la República Oriental del Uruguay que promulgó La Ley Nº18.308 , D.O. 30.JUNIO.2008, “De Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible“. Esto, aún sin el estudio de los resultados y consecuencias de esta Ley, no cabe duda que tiene un efecto en lo que refleja hoy la percepción de sus países y gobiernos que tienen sus respectivos ciudadanos en una cuarta versión de la encuesta Barómetro de las Américas, que compara a 25 naciones(12) . Uruguay, sin duda, es un ejemplo a seguir. Así creemos lo han entendido en Argentina Habitar Argentina y COFEPLAN, que hoy la reclaman(13) .
La comprensión de una planificación que contemple la globalización de las relaciones comerciales y culturales y el impacto de éstas, la geografía y los recursos naturales locales, el medio ambiente y la ecología en un orden territorial más amplio en que se insertan los asentamientos humanos, las ciudades, y el legislar sobre todo esto con la inclusión del concepto de sustentabilidad, por tanto la protección de los recursos y el medio ambiente, replanteando con seguridad definiciones y reformas necesarias en la institucionalidad de administración política que se ameriten para fortalecer la democracia y participación ciudadana y la descentralización territorial, el contemplar la planificación de un desarrollo socio económico sostenible a largo plazo bajo los parámetros de sustentabilidad, necesariamente modifica el diagnóstico fragmentado con que se ha hecho hasta hoy la planificación urbana, la consideración de distintos temas sectoriales en el estudio y diagnóstico de la ciudad edificada, tratada fragmentariamente, y donde no ha existido, incluso, coherencia entre las propuestas planteadas para cada uno de los temas.
JUAN PABLO VIGNEAUX BRAVO /Arquitecto P.U.C. de Ch. 1983 / I.C.A. 4563
(11)Pablo Trivelli O., Ingeniero Comercial, Ph.D. in Economics, Universidad de Cornell, USA., Profesor del Instituto de Estudios Urbanos- Pontificia Universidad Católica de Chile.
(12)“Cuarta versión de la encuesta barómetro de las Américas, que compara a 25 naciones. Chilenos valoran su economía, municipios y eficacia del gobierno (…)”, por Bernardita Álvarez y Felipe Indo, El Mercurio, Política, pág. C6, 7. JULIO.2012.
(13)Artículo “Pro-cre-ando ciudades”, Por Laila Robledo, Urbanista. Coordinadora Plan de Manejo de las Islas del Delta Tigre en Fundación Metropolitana. Buenos Aires. Argentina, Plataforma Urbana 6 de Julio de 2012